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Existe una amplia variedad de leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos y la legislatura estatal que influyen en cada demanda por daños personales, tanto en cómo se lleva adelante la demanda como en el monto de indemnización se puede esperar de un litigio agresivo en un juicio. El creciente movimiento de reforma de responsabilidad civil está en campaña activa para limitar la indemnización monetaria que corresponde a los demandantes afectados en este estado y en todo el país.

 

Leyes de Indiana relacionadas con las áreas de especialización

 

Estos son algunos ejemplos de leyes de gran alcance que deben tenerse en cuenta en demandas por daños personales graves:

Leyes de prescripción

Una ley de prescripción es aquella que requiere que ciertas demandas se presenten dentro de un plazo determinado. Si la demanda no se inicia dentro de este tiempo, prescribe sin tener en cuenta su mérito. Según la ley del estado de Indiana, las demandas por daños personales en general deben presentarse dentro de los dos años siguientes a la fecha de la lesión. Sin embargo, en ciertas situaciones, el caso puede presentarse dentro de los dos años de la fecha en que se descubrió la lesión. Si una entidad gubernamental fuera responsable, debe presentarse un aviso de demanda por daños y perjuicios ante las entidades gubernamentales apropiadas antes de los dos años. A menos que se cumpla alguna de estas fechas límite, la demanda prescribirá. Por lo tanto, es de la mayor importancia que se consulte de inmediato a un abogado que tenga conocimientos sobre las leyes de limitaciones correspondientes, los requisitos de notificación de demandas por daños y perjuicios y cualquier otro límite o requisito de procedimiento que rija para las demandas.

Daños punitorios

Los daños punitorios constituyen una indemnización por daños y perjuicios otorgada por un jurado a la parte damnificada en un intento por castigar y disuadir a las personas que infrinjan la ley, y a otros en situación análoga, de cometer actos contra derecho similares en el futuro. Según la legislación del estado de Indiana, los daños punitorios están permitidos. Sin embargo, no es tarea fácil determinar las condiciones necesarias para otorgar daños punitorios. Con el fin de obtener la concesión de daños punitorios, la parte demandante deberá probar que la parte demandada actuó de manera imprudente hacia la seguridad de otros, y que los actos de la parte demandada no fueron el resultado de una equivocación o de otro error de juicio. Asimismo, el demandante deberá demostrar estas cuestiones mediante pruebas claras y convincentes (un estándar de prueba más alto que el típico estándar de “preponderancia de la evidencia” aplicable en la mayoría de los casos civiles).

Una vez probadas dichas cuestiones, el jurado deberá debatir y determinar el monto de los daños punitorios a otorgarse. Mientras que no existe un monto mínimo, la legislación de Indiana sí tiene técnicamente un monto máximo permitido. La concesión de daños punitorios no puede superar el mayor de los siguientes dos montos, ya sea cincuenta mil dólares (USD 50.000) o el equivalente a tres (3) veces el monto de daños compensatorios otorgado por el jurado. Consulte el Código del estado de Indiana, sección 34-51-3-4.

Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló sobre la constitucionalidad de los daños punitorios en varios casos. Advirtió que la determinación del jurado debe ser “razonable” en comparación con la conducta del demandado (BMW de los Estados Unidos contra Gore), la indemnización por daños y perjuicios tiene que basarse en los actos de los acusados que perjudicaron a los demandantes en el caso presentado ante el jurado (State Farm Mutual contra Campbell) y el jurado puede considerar el daño a terceros al determinar el nivel de dolo de las acciones del demandado (Philip Morris USA contra Williams).

Indemnización laboral

En un intento de aumentar la equidad y la eficiencia de los recursos para los empleados, muchos estados, incluido Indiana, han sancionado leyes que implementan la Workers’ Compensation Act (Ley de Indemnización Laboral). La ley del estado de Indiana prevé las indemnizaciones por daños y perjuicios que se proporciona a los trabajadores lesionados en el trabajo en ese estado. Se trata de una ley “de no culpabilidad”, y eso significa que no hay determinación sobre quién es el responsable de la lesión. Por el contrario, los beneficios de indemnización correspondientes están cubiertos por el empleador o, lo que es más habitual, por la compañía aseguradora del empleador. Estos beneficios incluyen tratamiento médico pagado por el empleador, beneficios por incapacidad total temporal (durante el período, si corresponde, en que la lesión del empleado es temporal pero lo incapacita en forma completa) y beneficios por discapacidad permanente. La Ley de Indemnización Laboral no admite daños por dolor y sufrimiento.

Las leyes de indemnización laboral no permiten que demande a su empleador por una lesión que haya sufrido en el trabajo. No hay litigio. No hay juicio por jurado. Por el contrario, se presenta una demanda ante la Indiana Workers’ Compensation Board (Junta de Indemnización Laboral de Indiana), que luego adjudica la demanda. Los empleados que no estén conformes con la decisión de la Junta deben seguir un proceso establecido de revisión administrativa. Es importante reconocer que, si bien es posible que no se le permita demandar a su empleador si se lesionó en el trabajo, existen muchas situaciones de lesiones en el lugar de trabajo en que pueden presentarse demandas por daños y perjuicios. Por lo tanto, es importante comunicarse con a un abogado con experiencia en los matices de estas leyes y situaciones concretas.

Negligencia médica

Una demanda judicial por mala praxis médica procura una reparación por lesiones graves o muerte causadas por un error médico generado por un doctor, enfermero, hospital, u otro proveedor de servicios a la salud. Indiana ha sido la cuna de la reforma en cuanto a delitos y cuasidelitos causados por mala praxis médica, siendo el primer estado en aprobar dicha legislación en 1975. De acuerdo con la Ley de Mala Praxis Médica de Indiana, los proveedores de atención médica pueden pagar un recargo para convertirse en lo que la ley define como un proveedor de atención médica “calificado”. Una vez que el proveedor de atención médica esté calificado, cada proveedor será personalmente responsable solo de los primeros USD 250.000 en concepto de daños y perjuicios por cada acto de mala praxis, pero no más de USD 750.000 en el total anual. En caso de que el monto otorgado en concepto de daños y perjuicios supere los USD 250.000, el Fondo de Compensación para Pacientes de Indiana pagará el excedente, que no podrá superar el monto de USD 1 millón. De esa manera, el monto máximo que un paciente damnificado podrá recibir como compensación por un error médico causado por un proveedor de atención médica calificado será de USD 1,25 millones. Los proveedores de atención médica que no estén “calificados” no gozan de la protección de la Ley.

Para presentar una demanda, los pacientes lesionados deben presentar primero una querella ante el Departamento de Seguros de Indiana. Un panel de revisión médica compuesto por tres proveedores de atención médica evalúa la demanda. Luego, este panel emite un dictamen, y el demandante puede elegir si desea continuar con la presentación de una denuncia ante un tribunal estatal. Es importante tener en cuenta que la opinión del panel de revisión médica es una prueba admisible y que los miembros del panel de revisión pueden ser llamados como testigos expertos independientes en cualquier juicio resultante.

La Ley de Mala Praxis Médica de Indiana puede tener efectos nefastos para la parte demandante damnificada dado que la jurisprudencia dicta que toda negligencia concurrente en que haya incurrido el damnificado constituirá defensa suficiente para el demandado, lo que implica que el demandante no podrá recibir compensación alguna. En Indiana, los pacientes tienen la obligación legal de actuar con un cuidado razonable. Los tribunales sostienen que los demandantes deben ser capaces de demostrar que otorgaron a su médico información de diagnóstico completa y precisa y que siguieron las instrucciones del médico. McSwane contra Bloomington Hosp., 916 NE2d 906, 911 (Ind. 2009).

Si usted o un ser querido ha sufrido una lesión grave o la muerte debido a actos ilícitos cometidos por un tercero, puede tener derecho a presentar una demanda judicial por daños y perjuicios y también a imponer justicia contra el infractor. Además, puede comunicarse con los abogados especializados en daños personales del noroeste de Indiana y Chicago de Kenneth J. Allen Law Group para programar una consulta inicial gratuita.

 

A wide variety of statutes passed by the U.S. Congress as well as the state legislature impact each and every personal injury claim — both in how the claim is pursued and in how much financial recovery can be expected from aggressively litigating the lawsuit in court. The growing tort reform movement is actively campaigning to limit the monetary redress available to injured plaintiffs in this state and across the country.

Here are a few examples of powerful laws that must be considered with severe and serious personal injury claims:

Statutes of Limitations

A statute of limitations is a law that requires certain claims to be brought within a specified period of time. If the claim is not commenced within this period of time, the claim is barred, regardless of its merit. Under Indiana law, personal injury claims must generally be filed within two years of the date of the injury. However, in certain situations, the case may be filed within two years of the date the injury was discovered. Where a governmental entity may be responsible, a tort claim notice must be filed with the appropriate governmental entities well in advance of the two years. Unless each of these important deadlines are met, the claim will be barred. Therefore, it is of the highest importance to promptly consult with an attorney who is knowledgeable about the respective statutes of limitations, tort claim notice requirements, and any other limitations or procedural requirements that may apply to your claims.

Punitive Damages

Punitive damages are damages awarded by a jury to the injured party in an attempt to punish and deter the wrongdoers, and others similarly situated, from committing like offenses in the future. Under Indiana law, punitive damages are allowed. However, establishing the necessary bases for an award of punitive damages is no easy task. To obtain an award of punitive damages, the plaintiff must prove that the defendant acted with reckless indifference to the safety of others and that defendant’s acts were not the result of a mistake or other error of judgment. And, a plaintiff must prove these matters by clear and convincing evidence – a standard of proof higher than the typical ‘preponderance of the evidence’ standard applicable in most civil cases.

Once proven, the jury is left to debate and decide the amount of punitive damages to be awarded. While there is no minimum, Indiana law does technically have a maximum amount permitted. A punitive damages award may not be more than the greater of either fifty thousand dollars ($50,000) or three (3) times the amount of compensatory damages awarded by the jury. See Ind. Code § 34‐51‐3‐4.

Additionally, the United States Supreme Court has ruled on the constitutionality of punitive damage awards in several cases, warning that the jury’s determination must be “reasonable” compared to the defendant’s conduct (BMW of North America v. Gore); the punitive damages have to be based upon the acts of the defendants that harmed the plaintiffs in the case before the jury (State Farm Mutual v. Campbell); and the jury can consider harm to others when deciding how malicious the defendant’s actions were (Philip Morris USA v. Williams).

Workers’ Compensation

In an attempt to increase the fairness and efficiency of resources for employees,many states – including Indiana – have passed statutes implementing a Workers’ Compensation Act. Indiana’s Act sets up a schedule of damages that are provided to workers injured on the job while working in the State of Indiana. This is a “no‐fault” statute, meaning there is no determination of who is to blame for the injury. Rather, applicable benefits are covered by the employer – or, more typically, the employer’s insurance carrier. These benefits include medical treatment paid for by the employer, temporary total disability benefits (during the period, if any, in which the employee’s injury is temporary but also totally disabling), and permanent impairment benefits. TheWorkers’ CompensationAct does not allow damages for pain and suffering.

Workers’ CompensationActs do not allow you to sue your employer for your injury. There is no lawsuit. There is no trial by jury. Rather, a claim is filed with the Indiana Workers’ Compensation Board, which then adjudicates the claim. Employees not satisfied with the Board’s determination must follow an established administrative review process. It is important to recognize that, while you may not be allowed to sue your employer when injured on the job,there are many work‐site injury situations where claims for damages can be made. So, it is important to contact an attorney knowledgeable in the nuances of these laws and factual scenarios.

Medical Malpractice

A legal claim for medical malpractice seeks a remedy for serious injury or death caused by the medical mistake of a doctor, nurse, hospital, or other health care provider. Indiana has been the cradle of medical malpractice tort reform, being the first state to pass such legislation in 1975. Under the Indiana Medical Malpractice Act, healthcare providers may pay a surcharge to become what the Act refers to as a “qualified” healthcare provider.Once a qualified healthcare provider, each provider is personally responsible for only the first $250,000 in damages for each act of malpractice and no more than $750,000 in the annual aggregate. Should damages be greater than $250,000, the Indiana Patient’s Compensation Fund will pay the excess – but not to exceed $1 million. Thus, the maximum amount that an injured patient may receive as a remedy for the medical mistake of a qualified healthcare provider is $1.25 million. Healthcare providers who are not “qualified” do not enjoy the protections of the Act.

To file a claim, injured patients must first file a proposed complaint with the Indiana Department of Insurance. Their claim is then evaluated by a medical review panel consisting of three healthcare providers. The panel then issues an opinion, and the plaintiff may then choose whether to proceed with filing a complaint in state court. It is important to note that the medical review panel’s opinion is admissible evidence and the members of the review panel may be called as independent expert witnesses in any resulting trial.

The Indiana Medical Malpractice Act can be disastrous for injured plaintiffs because the courts have interpreted the law to hold that any contributory negligence on the part of the injured party is a complete defense, meaning that any recovery by the plaintiff is barred. In Indiana, patients have a legal duty to exercise reasonable care. The courts have held plaintiffs must be able to prove that they gave their doctor complete and accurate diagnosing information and that they followed the doctor’s instructions. McSwane v. Bloomington Hosp., 916 N.E.2d 906, 911 (Ind. 2009).

If you or a loved one has been seriously injured or killed due to the wrongful acts of another, then you may have a legal claim for damages as well as the right to justice against the wrongdoer and you are welcomed to contact the Northwest Indiana and Chicagoland personal injury lawyers at Kenneth J. Allen Law Group to schedule a free initial legal consultation.

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