Illinois wrongful death Statutes

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La ley del estado de Illinois titulada Wrongful Death Act (Ley de Homicidio Culposo) define específicamente quién es elegible para obtener una compensación monetaria (adjudicaciones en efectivo) por el homicidio culposo de un ser querido y las circunstancias que constituyen lo que es un “homicidio culposo” según la ley del estado de Illinois, así como los montos de las indemnizaciones disponibles para el demandante de un caso de homicidio culposo. El estudio jurídico Kenneth J. Allen Law Group de Chicago y el noroeste de Indiana tiene prohibido proporcionar asesoramiento legal u opiniones con respecto a la aplicación de las leyes sobre homicidio culposo del estado de Illinois con respecto a una situación o circunstancia específica en un sitio web general. Sin embargo, aquí se explicita el contenido de esas leyes, y los abogados especializados en homicidio culposo de Kenneth J. Allen Law Group no tienen inconveniente en responder a sus preguntas por teléfono o correo electrónico. La Ley de Homicidio Culposo del estado de Illinois (Código del estado de Illinois, 740, 180/1) (desde el cap. 70, párrafo 1) (Texto de la sección CON los cambios realizados por P.A. 89 7, que se ha declarado inconstitucional) Sección 1. Siempre que la muerte de una persona sea ocasionada por un acto ilícito, negligencia o incumplimiento de obligaciones, y ese acto, negligencia o incumplimiento sea tal que, si la muerte no hubiese ocurrido, habría facultado a la parte lesionada para emprender una acción legal y obtener una indemnización por daños y perjuicios, entonces y en todos esos casos, la persona, empresa o corporación que habría sido responsable si la muerte no hubiese ocurrido, estará sujeta a una demanda por daños y perjuicios, a pesar de la muerte de la persona lesionada, y aunque la muerte se haya producido en circunstancias que la ley considere delito grave. No se pueden iniciar acciones legales en virtud de esta Ley si el difunto ya ha presentado una causa de acción judicial con respecto al mismo acontecimiento o incidente subyacente que se haya resuelto o sobre el que se haya dictado una sentencia. Esta Ley modificatoria de 1995 corresponde a las causas de acción judicial sucedidas a partir de su fecha de vigencia. (Fuente: P.A. 89 7, vigencia 3 9 95.) (Texto de la sección SIN los cambios realizados por P.A. 89 7, que se ha declarado inconstitucional) Sección 1. Siempre que la muerte de una persona sea ocasionada por un acto ilícito, negligencia o incumplimiento de obligaciones, y ese acto, negligencia o incumplimiento sea tal que, si la muerte no hubiese ocurrido, habría facultado a la parte lesionada para emprender una acción legal y obtener una indemnización por daños y perjuicios, entonces y en todos esos casos, la persona, empresa o corporación que habría sido responsable si la muerte no hubiese ocurrido, estará sujeta a una demanda por daños y perjuicios, a pesar de la muerte de la persona lesionada, y aunque la muerte se haya producido en circunstancias que la ley considere delito grave. (Fuente: Leyes 1853, p. 97.) (740 ILCS 180/2) (desde el cap. 70, párrafo. 2) Sección 2. Cada acción de este tipo será iniciada por y en nombre de los representantes personales de dicha persona fallecida, y, salvo que se disponga de otro modo más adelante en este documento, el monto percibido en cada una de dichas acciones deberá ser para el beneficio exclusivo del cónyuge sobreviviente y los familiares cercanos de dicha persona fallecida. En cada una de estas acciones el jurado puede adjudicar el tipo de indemnización por daños y perjuicios que estime justa y equitativa, con relación a los daños económicos resultantes de dicha muerte, incluidos los daños por duelo, dolor y sufrimiento mental, al cónyuge sobreviviente y a los familiares cercanos de la persona fallecida. El monto percibido en cualquiera de esas acciones será distribuido por el tribunal que trate la causa o, en el caso de que se llegue a un acuerdo, por el tribunal de circuito, al cónyuge sobreviviente y cada uno de los familiares cercanos de dicha persona fallecida según la proporción, de acuerdo con lo determine el tribunal, que el porcentaje de dependencia de cada una de esas personas con respecto a la persona fallecida represente en la suma de los porcentajes de dependencia de todas estas personas con respecto a la persona fallecida. Si la persona fallecida no tiene cónyuge o familiares cercanos sobrevivientes con derecho a reclamos, la indemnización por daños y perjuicios, con sujeción a las siguientes limitaciones, redundará en beneficio exclusivo de las siguientes personas, o una o más de ellas: (a) a la persona o personas que hayan suministrado los servicios de hospitalización necesarios y razonables en relación con la última enfermedad o lesión de la persona fallecida, que no exceda la suma de USD 450; (b) a la persona o personas que hayan suministrado servicios médicos o quirúrgicos en relación con dicha última enfermedad o lesión, que no exceda la suma de USD 450; (c) a los representantes personales, según corresponda, por los costos y gastos de administración del patrimonio y el procesamiento o el compromiso de la acción, incluidos los honorarios razonables de un abogado. En cualquier caso, la medida de los daños que deberán compensarse será el total del valor razonable de dicha hospitalización o servicio hospitalario, servicios médicos y quirúrgicos, gastos funerarios y dichos costos y gastos de administración, incluidos los honorarios de abogados, que no excedan de las limitaciones anteriores para cada clase de estos gastos y que no excedan la suma de USD 900 más los honorarios de un abogado razonable. Cada acción se iniciará el plazo de 2 años después de la muerte de dicha persona. Sin embargo, una acción legal contra un acusado debida a un delito cometido por el acusado en cuyo nombre se estableció una cuenta de depósito en virtud de la Criminal Victims’ Escrow Account Act (Ley de Depósito en Garantía para Víctimas del Delito), debe presentarse en el plazo de 2 años después de la creación de dicha cuenta. A los efectos de la Sección 2, los “familiares cercanos” incluyen un padre adoptivo y un hijo adoptado, y serán tratados como si fueran un padre natural y un hijo natural, respectivamente. Sin embargo, si una persona con derecho a una compensación en virtud de esta Ley, tiene, en el momento de producirse la causa de acción judicial, la edad de 18 años, dicha acción judicial puede iniciarse dentro de los 2 años luego de que él o ella haya alcanzado la edad de 18 años. En cualquier acción para obtener una indemnización por daños y perjuicios, no constituirá una defensa de que la muerte haya sido causada en su totalidad o parcialmente por la negligencia concurrente de uno o más de los beneficiarios en nombre de los cuales se inicia la acción judicial. Sin embargo, el monto de la indemnización se reducirá de la siguiente manera. El juez determinará en primer lugar la culpa concurrente del difunto, de acuerdo con las Secciones 2 1116 y 2 1107.1 del Código de Procedimiento Civil. La indemnización por daños y perjuicios será excluida o disminuida de manera acorde. El juez determinará entonces la culpa concurrente, si corresponde, de cada beneficiario en nombre de los cuales se inició la acción judicial: (1) Cuando el juez considere que la culpa concurrente de un beneficiario en cuyo nombre se presenta la demanda no es mayor que el 50 % de la causa inmediata del homicidio culposo del difunto. En ese caso, la indemnización para dicho beneficiario disminuirá en proporción a la culpa concurrente atribuida a este beneficiario. El importe de la reducción no será pagadero por parte de ningún acusado. (2) Cuando el juez considere que la culpa concurrente de un beneficiario en cuyo nombre se presenta la demanda es mayor que el 50 % de la causa inmediata del homicidio culposo del difunto. En ese caso, el beneficiario quedará excluido de la indemnización por daños y perjuicios, y el monto de la indemnización que le hubiera correspondido a este último si no fuera por su culpa concurrente, no redundará en beneficio de los restantes beneficiarios y no será pagadero por parte de ningún acusado. El juez de primera instancia deberá realizar una audiencia para determinar el grado de dependencia de cada beneficiario con relación al difunto. El juez de primera instancia calculará el monto de la indemnización por daños y perjuicios que se concederá a cada beneficiario, teniendo en cuenta cualquier reducción que surja por la culpa concurrente del difunto o de algún beneficiario. Esta Ley modificatoria de la Asamblea General 91.a corresponde a todas las demandas pendientes o presentadas después de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley modificatoria. Esta Ley modificatoria de la Asamblea General 95.a corresponde a las causas de acción judicial sucedidas a partir de su fecha de vigencia. (Fuente: P.A. 95 3, vigencia 5 31 07.) (Código del estado de Illinois, 740, 180 / 2.1) (desde el cap. 70, párrafo 2.1) Sección 2.1. En el caso de que el único bien del patrimonio del difunto sea una causa de acción judicial que surja en virtud de esta Ley, y no se haya presentado una petición de sucesión o representación, el tribunal, a propuesta de cualquier persona que tendría derecho a una indemnización en virtud de esta Ley, y después de una notificación a los herederos o legatarios de la parte fallecida según lo indique el tribunal, y sin iniciar un juicio de sucesión, puede designar a un administrador especial para el difunto con el fin de procesar o defender la acción. Si se designa a más de un administrador especial, y uno de los administradores es una empresa calificada para actuar como representante del patrimonio de un difunto, y si la remuneración del o los abogados que representan a los administradores especiales se determina únicamente en virtud de un acuerdo de honorarios contingentes, entonces, según petición y aprobación del tribunal, el administrador especial que es una corporación no participará en ni tendrá obligación de revisar el proceso de la demanda, ni participará o revisará la idoneidad de cualquier acuerdo en que se resuelva la demanda, ni participará o revisará cualquier determinación de la idoneidad de los honorarios otorgados al abogado o abogados empleados en el proceso de la demanda. Si se dicta la sentencia o la demanda se resuelve en favor del administrador especial, este deberá distribuir los beneficios según lo dispuesto por la ley, salvo en caso de que los beneficios superen los USD 5.000, en cuyo caso se distribuirán a un menor o persona legalmente incapacitada. El tribunal permitirá los desembolsos y honorarios para el administrador especial y su abogado, y el monto restante será administrado y distribuido bajo la supervisión de la división de sucesiones del tribunal si el tribunal de circuito tiene una división de sucesiones. (Fuente: P.A. 92 288, vigencia 8 9 01.) (Código del estado de Illinois, 740, 180 / 2.2) (desde el cap. 70, párrafo 2.2) Sección 2.2. El estado de gestación o desarrollo de un ser humano cuando se produce la muerte o cuando se produce o tiene efecto una lesión no impide que se presente cualquier causa de acción judicial en virtud de la ley de este Estado que sea producto de la muerte de un ser humano provocada por un acto ilícito, negligencia o incumplimiento de una obligación. No habrá ninguna causa de acción judicial contra un médico o una institución médica por el homicidio culposo de un feto causado por un aborto si el aborto estaba permitido por la ley y se había otorgado el consentimiento requerido legalmente. Sin embargo, no está prohibido presentar una causa de acción judicial si el feto nace vivo y muere posteriormente. No habrá ninguna causa de acción contra un médico o una institución médica por el homicidio culposo de un feto con base en una supuesta conducta reprochable del médico o institución médica si el demandado no estaba en conocimiento y, en virtud de las normas correspondientes que definen una buena atención médica, no tenía razón médica para conocer que la madre del feto estaba embarazada. (Fuente: P.A. 81 946.)

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In the State of Illinois, state legislation entitled the “Wrongful Death Act,” specifically defines who is eligible to get monetary damages (cash awards) for the wrongful death of a loved one, and the circumstances which constitute what a “wrongful death” is under Illinois law, as well as the amounts of compensation available to the wrongful death claimant.

The Northwest Indiana and Chicagoland law firm of Kenneth J. Allen Law Group is prohibited from providing legal advice or opinions regarding the application of the Illlinois Wrongful Death Statute to a specific situation or circumstance on a general website; however the language of the statute itself is being provided herewith and the wrongful death attorneys at Kenneth J. Allen Law Group welcome your questions by phone or email.

The Illinois Wrongful Death Act

(740 ILCS 180/1) (from Ch. 70, par. 1) (Text of Section WITH the changes made by P.A. 89 7, which has been held unconstitutional)

Sec. 1. Whenever the death of a person shall be caused by wrongful act, neglect or default, and the act, neglect or default is such as would, if death had not ensued, have entitled the party injured to maintain an action and recover damages in respect thereof, then and in every such case the person who or company or corporation which would have been liable if death had not ensued, shall be liable to an action for damages, notwithstanding the death of the person injured, and although the death shall have been caused under such circumstances as amount in law to felony. No action may be brought under this Act if the decedent had brought a cause of action with respect to the same underlying incident or occurrence which was settled or on which judgment was rendered.

This amendatory Act of 1995 applies to causes of action accruing on or after its effective date.

(Source: P.A. 89 7, eff. 3 9 95.)

(Text of Section WITHOUT the changes made by P.A. 89 7, which has been held unconstitutional)

Sec. 1. Whenever the death of a person shall be caused by wrongful act, neglect or default, and the act, neglect or default is such as would, if death had not ensued, have entitled the party injured to maintain an action and recover damages in respect thereof, then and in every such case the person who or company or corporation which would have been liable if death had not ensued, shall be liable to an action for damages, notwithstanding the death of the person injured, and although the death shall have been caused under such circumstances as amount in law to felony.

(Source: Laws 1853, p. 97.)

(740 ILCS 180/2) (from Ch. 70, par. 2)

Sec. 2. Every such action shall be brought by and in the names of the personal representatives of such deceased person, and, except as otherwise hereinafter provided, the amount recovered in every such action shall be for the exclusive benefit of the surviving spouse and next of kin of such deceased person. In every such action the jury may give such damages as they shall deem a fair and just compensation with reference to the pecuniary injuries resulting from such death, including damages for grief, sorrow, and mental suffering, to the surviving spouse and next of kin of such deceased person.

The amount recovered in any such action shall be distributed by the court in which the cause is heard or, in the case of an agreed settlement, by the circuit court, to each of the surviving spouse and next of kin of such deceased person in the proportion, as determined by the court, that the percentage of dependency of each such person upon the deceased person bears to the sum of the percentages of dependency of all such persons upon the deceased person.

Where the deceased person left no surviving spouse or next of kin entitled to recovery, the damages shall, subject to the following limitations inure, to the exclusive benefit of the following persons, or any one or more of them:

(a) to the person or persons furnishing hospitalization or hospital services in connection with the last illness or injury of the deceased person, not exceeding $450;
(b) to the person or persons furnishing medical or surgical services in connection with such last illness or injury, not exceeding $450;
(c) to the personal representatives, as such, for the costs and expenses of administering the estate and prosecuting or compromising the action, including a reasonable attorney’s fee. In any such case the measure of damages to be recovered shall be the total of the reasonable value of such hospitalization or hospital service, medical and surgical services, funeral expenses, and such costs and expenses of administration, including attorney fees, not exceeding the foregoing limitations for each class of such expenses and not exceeding $900 plus a reasonable attorney’s fee.

Every such action shall be commenced within 2 years after the death of such person but an action against a defendant arising from a crime committed by the defendant in whose name an escrow account was established under the "Criminal Victims’ Escrow Account Act" shall be commenced within 2 years after the establishment of such account. For the purposes of this Section 2, next of kin includes an adopting parent and an adopted child, and they shall be treated as a natural parent and a natural child, respectively. However, if a person entitled to recover benefits under this Act, is, at the time the cause of action accrued, within the age of 18 years, he or she may cause such action to be brought within 2 years after attainment of the age of 18.

In any such action to recover damages, it shall not be a defense that the death was caused in whole or in part by the contributory negligence of one or more of the beneficiaries on behalf of whom the action is brought, but the amount of damages given shall be reduced in the following manner.

The trier of fact shall first determine the decedent’s contributory fault in accordance with Sections 2 1116 and 2 1107.1 of the Code of Civil Procedure. Recovery of damages shall be barred or diminished accordingly. The trier of fact shall then determine the contributory fault, if any, of each beneficiary on behalf of whom the action was brought:

(1) Where the trier of fact finds that the contributory fault of a beneficiary on whose behalf the action is brought is not more than 50% of the proximate cause of the wrongful death of the decedent, then the damages allowed to that beneficiary shall be diminished in proportion to the contributory fault attributed to that beneficiary. The amount of the reduction shall not be payable by any defendant.
(2) Where the trier of fact finds that the contributory fault of a beneficiary on whose behalf the action is brought is more than 50% of the proximate cause of the wrongful death of the decedent, then the beneficiary shall be barred from recovering damages and the amount of damages which would have been payable to that beneficiary, but for the beneficiary’s contributory fault, shall not inure to the benefit of the remaining beneficiaries and shall not be payable by any defendant.
The trial judge shall conduct a hearing to determine the degree of dependency of each beneficiary upon the decedent. The trial judge shall calculate the amount of damages to be awarded each beneficiary, taking into account any reduction arising from either the decedent’s or the beneficiary’s contributory fault.
This amendatory Act of the 91st General Assembly applies to all actions pending on or filed after the effective date of this amendatory Act.
This amendatory Act of the 95th General Assembly applies to causes of actions accruing on or after its effective date.

(Source: P.A. 95 3, eff. 5 31 07.)

(740 ILCS 180/2.1) (from Ch. 70, par. 2.1)

Sec. 2.1. In the event that the only asset of the deceased estate is a cause of action arising under this Act, and no petition for letters of office for his or her estate has been filed, the court, upon motion of any person who would be entitled to a recovery under this Act, and after such notice to the party’s heirs or legatees as the court directs, and without opening of an estate, may appoint a special administrator for the deceased party for the purpose of prosecuting or defending the action. If there is more than one special administrator appointed and one of the administrators is a corporation qualified to act as a representative of the estate of a decedent and if the compensation of the attorney or attorneys representing the special administrators is solely determined under a contingent fee arrangement, then upon petition and approval by the court, the special administrator which is a corporation shall not participate in or have any duty to review the prosecution of the action, to participate in or review the appropriateness of any settlement of the action, or to participate in or review any determination of the appropriateness of any fees awarded to the attorney or attorneys employed in the prosecution of the action.

If a judgment is entered or the action is settled in favor of the special administrator, he or she shall distribute the proceeds as provided by law, except that if proceeds in excess of $5,000 are distributable to a minor or person under legal disability, the court shall allow disbursements and fees to the special administrator and his or her attorney and the balance shall be administered and distributed under the supervision of the probate division of the court if the circuit court has a probate division.

(Source: P.A. 92 288, eff. 8 9 01.)

(740 ILCS 180/2.2) (from Ch. 70, par. 2.2)

Sec. 2.2. The state of gestation or development of a human being when an injury is caused, when an injury takes effect, or at death, shall not foreclose maintenance of any cause of action under the law of this State arising from the death of a human being caused by wrongful act, neglect or default.

There shall be no cause of action against a physician or a medical institution for the wrongful death of a fetus caused by an abortion where the abortion was permitted by law and the requisite consent was lawfully given. Provided, however, that a cause of action is not prohibited where the fetus is live born but subsequently dies.

There shall be no cause of action against a physician or a medical institution for the wrongful death of a fetus based on the alleged misconduct of the physician or medical institution where the defendant did not know and, under the applicable standard of good medical care, had no medical reason to know of the pregnancy of the mother of the fetus.

(Source: P.A. 81 946.)

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